Preparándose para el inevitable conflicto docente que se espera para los próximos meses, este miércoles el gobierno publicó en el Boletín Oficial un decreto con el cual reduce la representación de la Confederación de los Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) en la mesa de negociaciones por el llamado “convenio marco” y modifica la Ley de Financiamiento Educativo en lo que hace al salario mínimo docente para justificar la posición oficial de no convocar a una paritaria nacional para el sector.
El decreto 52/2018 -con las firmas del presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete Marcos Peña, el ministro de Trabajo Jorge Triaca y el ministro de Educación Alejandro Finocchiaro- está destinado a provocar revuelo en las filas docentes que, particularmente en la provincia de Buenos Aires, ya vienen con un inicio de año crispado gracias al reciente llamado de la gobernación de María Eugenia Vidal a desafiliarse de los sindicatos. El nuevo decreto reafirma la transferencia a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de los servicios educativos resultando estos distritos los “empleadores directos” de los docentes y restringe las negociaciones nacionales al debate de un “acuerdo marco” que incluirá “pautas generales referidas a condiciones laborales, calendario educativo, salario mínimo docente y carrera docente”.
Así, el decreto pretende eliminar el argumento docente para reclamar paritarias nacionales fortaleciendo la posición oficial de los últimos dos años en el sentido de que lo único que se fija a nivel nacional es un “salario mínimo docente” (que en el decreto se ratifica que deberá ser un 20% superior al Salario mínimo, vital y móvil), mientras que las negociaciones paritarias puntuales siguen siendo responsabilidad provincial y de CABA. Esta dinámica generó en los primeros dos años de gobierno de Cambiemos que algunas provincias iniciaran las clases en el mes de mayo.
En las resoluciones, el decreto detalla las cuestiones laborales que se discutirán en el “acuerdo marco”, que van desde “Materias de índole laboral, asistencial, previsional” como las condiciones de ingreso a la carrera docente, promoción, capacitación y calificaciones, régimen de vacantes, jornadas de trabajo, derechos sociales y previsionales, políticas de formación docente y representación sindical, entre otras.
