La Plata.- Tras dar de baja 8 colegios del Delta, el gobierno bonaerense decidió clausurar otras 39 escuelas rurales de la Provincia a poco del comienzo del ciclo lectivo, con lo que están en riesgo de quedar fuera del sistema 80 chicos. A contramano del argumento oficial, aseguran que concurren hasta 10 estudiantes a cada una de las instituciones afectadas, cantidad razonable para zonas rurales.
El cierre contempla a tres jardines rurales y un secundario para adultos de la localidad de Tres Arroyos, dos primarias de General Viamonte, ocho escuelas en Lincoln, dos primarias de Junín, otras dos en Balcarce, dos en Chivilcoy, dos en Pehuajó, tres en Bolívar y otra en Chascomús, entre otras.
A tan sólo 10 días del comienzo del ciclo lectivo y mientras presiona a los gremios docentes con propuestas de paritarias a la baja, la Gobernadora María Eugenia Vidal sigue dando pasos que, indefectiblemente, no favorecen a la educación pública: tras determinar el cierre de los 8 establecimientos del Delta, avanzó varios pasos más y dio de baja otras 39 escuelas rurales de la Provincia de Buenos Aires bajo la excusa de una supuesta «baja matrícula».
Tal como citó Página 12, el argumento oficial fue expresado por el Director General de Cultura y Educación bonaerense, Gabriel Sánchez Zinny, quien sostuvo que algunas de esas escuelas no tenían alumnos matriculados, pero obvió contar que se cerrarán establecimientos a los que concurren entre cuatro y diez alumnos (una cantidad razonable para los parámetros de las escuelas en zonas rurales).
El riesgo de que muchos de los alumnos salgan completamente del sistema educativo existe, a pesar de que sean relocalizados, porque es probable que muchos de ellos no cuenten con los recursos necesarios para trasladarse a sus nuevas instituciones, ya que, justamente, el rol de las escuelas rurales es marcar una presencia física de la educación pública en aquellas zonas distantes a los centros urbanos.
Por su parte, el bloque de diputados del Frente para la Victoria en la Legislatura bonaerense ya le reclamó respuestas a Vidal a través de un pedido de informe, porque afirman que no hubo «ninguna comunicación formal» detallada sobre las escuelas que correrán esta suerte.
“Para la comunidad rural es una decisión muy fuerte, la importancia del derecho constitucional a la educación pública merece un trabajo con la comunidad, con las familias y una argumentación que vaya más allá del costo económico. La educación de un chico es una inversión y no un costo”, resaltó la diputada Lucía Portos al mismo medio, legisladora ya había presentado un pedido de informe contra Vidal previamente por el cierre de las ocho escuelas del Delta.
