CABA.- Gas en garrafa: el Gobierno prepara una ley para declararla servicio público. La iniciativa apunta a controlar el abastecimiento del GLP a precios razonables y uniformes en todo el país. Es una demanda histórica de las entidades de consumidores por los constantes abusos sobre los usuarios. Hay 16 millones de personas que dependen de la garrafa. El Gobierno avanza en la elaboración de un proyecto de ley para declarar a las garrafas como servicio público, regulado por el Estado y con tarifas uniformes en todo el país. El Frente de Todos contaría en este tema con el apoyo de sectores de la oposición, incluso de Juntos por el Cambio, lo que quedó expresado en el debate de la ley para ampliar el alcance de la tarifa reducida de gas a regiones del país que sufren bajas temperatura.
Silvia Jensen
“Los precios al público son muy distintos en cada ciudad. La garrafa de 10 kilos se está pagando a 600, 800 y hasta 1200 pesos en diferentes puntos del país. El único lugar donde se consigue al precio oficial es en los depósitos de fraccionadoras y distribuidoras. Pero son pocos en relación a las necesidades de la demanda. En un radar de tres o cuatro municipios por ahí hay un solo lugar. Entonces la gente termina comprando en el comercio del barrio o a los garraferos que hacen la distribución, y los valores son cualquier cosa”, describe la Necochense Silvia Jensen, integrante de la Red Nacional de Multisectoriales, que viene batallando hace años por profundizar la regulación del sector.
