Buenos Aires.- Luego de semanas de negociaciones con los gobernadores y tras varios amparos judiciales y medidas cautelares, el gobierno y los mandatarios provinciales acordaron fijar un tope de entre 400% y 500% a los aumentos de tarifas de luz y gas. Tras el acuerdo, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, admitió que fue un error subir las tarifas sin medir las consecuencias.
En un encuentro encabezado por los ministros del Interior, Rogelio Frigerio, y Aranguren, los mandatarios provinciales aceptaron la propuesta oficial de establecer porcentajes máximos a las subas. En cuanto algas natural, se establece el tope de 400% de aumento para usuarios residenciales y de 500% para los usuarios SGP1, 2 y 3 (Pymes, comercios y hoteles) en todo el territorio nacional.
Estos topes «se aplican sobre el valor total de la factura con respecto al cuadro tarifario anterior, y siempre considerando un mismo nivel de consumo», indicó Aranguern en dialogo con periodistas en Hacienda.
«Estamos dispuestos a dialogar siempre con todos los sectores. En estos cinco meses de gestión hemos dado claras muestras de que somos un gobierno que dialoga, que escucha y que cuando se equivoca, corrige», sostuvo Frigerio.
Por su parte Aranguren explicó que estas medidas «implican un reconocimiento que hubo un error». «Con más tiempo y más capacidad de análisis y habiendo tenido en cuenta todas las realidades del país podíamos haberlo hecho una manera más racional y más lógica», explicó en su despacho en el ministerio de Energía.
LA JUSTICIA FRENÒ EL TARIFAZO EN LA LUZ. ALCANZA A LAS COOPERATIVAS
La medida interpuesta por el Juez Luis Federico Arias, asegura que las empresas distribuidoras y el gobierno bonaerense violaron la ley al autorizar y aplicar un fuerte tarifazo sin haber convocado antes a una audiencia pública.
La Justicia Contencioso Administrativa de La Plata suspendió este martes el aumento de las tarifas de cuatro de las empresas distribuidoras de energía eléctrica que prestan el servicio en la provincia de Buenos Aires, incluyendo a las Cooperativas elèctricas, como el caso de Necochea.
La medida fue dictada por el Juez Luis Federico Arias al hacer lugar a una demanda del colectivo Acción en la Subalternidad contra una resolución del gobierno de María Eugenia Vidal, que aumentó las tarifas eléctricas entre un 100 y un 215 %.
La ONG había sostenido que ese incremento tarifario «nunca fue debatido en audiencias públicas».
En consecuencia, el magistrado ordenó un recálculo de los cuadros tarifarios a las empresas Edelap (Empresa Distribuidora de Energía La Plata S.A.), Edesa ( Empresa Distribuidora de Energía Sur S.A.), Edeasa (Empresa Distribuidora de Energía Atlántica S.A.) y Eden S.A. (Empresa Distribuidora de Energía Norte S.A.).
«Las citadas empresas deberán emitir nuevas facturas con sujeción a lo dispuesto en el presente despacho cautelar», sostuvo Arias en su resolución.
