Buenos Aires.- El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi trató de allanar la sede de la Asociación Madres de Plaza de Mayo para detener a Hebe de Bonafini, la declaró en rebeldía, ordenó su captura y resolvió impedirle salir del país. Pero pese a todos los intentos no pudo tomarle indagatoria en la causa conocida como “Sueños compartidos” donde le imputa una defraudación al Estado, porque una marea humana salió a las calles a resguardarla mientras ella daba públicamente las razones de su resistencia. La rodearon tanto en la casa de las Madres, donde pasó el día, como cuando fue a Plaza de Mayo para la ronda habitual de los jueves. Por la noche el juez desistía y ya no intentó avanzar, aunque dejó en manos de las fuerzas federales (Policía, Gendarmería, Prefectura) la posibilidad de detenerla en el momento que les pareciera más oportuno. Como en un momento el juzgado barajó la posibilidad de que Bonafini pasara la noche en una unidad policial, la fiscal Paloma Ochoa le presentó un escrito para exigirle garantías de que enseguida le tomaran declaración sin dejarla detenida.
Cuando le preguntaban por qué no iba a la indagatoria, que se supone que es un acto de defensa, Hebe dijo que el juez atacaba a las Madres, que son “las débiles” en la trama, que son “pobres”, no tienen “ni bicicleta” y lo poco que tienen está embargado. Planteó que no respeta a estos tribunales. “Las madres no tenemos nada que ocultar”, dijo.
La resolución de Martínez de Giorgi dice que ya había convocado a Bonafini a indagatoria para el 7 de julio, y faltó. Luego la volvió a citar. Su resolución dice que ella “tiene pleno conocimiento de que su presencia es requerida por este tribunal para el día de la fecha a fin de recibirle declaración indagatoria, y aún así no ha comparecido ni ha brindado explicaciones que justifiquen su inasistencia (…) declárese en rebeldía a Hebe María Pastor, y en consecuencia, ordénese su inmediata detención”. Luego precisa que para lograr la detención había que allanar la sede de Madres, donde se encontraba Hebe. “Hágase saber que se podrá hacer uso de la fuerza pública”, aclara el texto.
Fue imposible que la policía siquiera pudiera arrimarse a la puerta de la Asociación, porque estaba repleto de gente. Incluso un cordón humano protegió a Hebe para que pudiera subir a la camioneta que la llevaría a la ronda en Plaza de Mayo. El juez Martínez de Giorgi ni atinó a mandar a las fuerzas policiales a la Plaza, pero dejó constancia de que el allanamiento había sido “negativo” –en términos de prontuario– pero que se imponía la captura y la prohibición de salir del país. A mitad de la tarde, quienes contactaron al juez lo vieron mantener la expectativa de que Bonafini fuera detenida. Es más, la fiscal Ochoa entrevió su intención de hacerla dormir en una unidad policial si la apresaban tarde, para hacerla “tocar el pianito” e indagarla al día siguiente, por hoy. Por eso se apuró a presentarle un escrito exigiéndole que de ninguna manera la dejara presa. Le decía que en cuanto la detuvieran debía prestar declaración y ser liberada, porque la orden de arresto era solo para eso, que fuera indagada. No tiene ninguna relación con la imputación. Ochoa pidió habilitar días y horas para que no queden dudas de debería ser así y aclaró que estaba disposición las veinticuatro horas para la indagatoria.
La presidenta de Madres de Plaza de Mayo había sido citada como sospechosa dentro de una lista de 43 imputados implicados de distintos modos en una investigación sobre el desvío de fondos que debían usarse para la construcción de viviendas sociales a través del programa Sueños Compartidos que tenía la asociación. La causa data de 2011, y en 2012 estuvieron detenidos los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, acusados de lavar dinero que recibían como apoderados y administradores de Madres de parte del Ministerio de Planificación. Se hicieron convenios con varias provincias y municipios para montar las casas con un sistema especial de panales. Otro aspecto de la investigación apunta a establecer si las obras se concretaron y en qué condiciones y qué pasaba con los pagos a trabajadores, ya que se estableció que había millones de pesos de cargas sociales impagas. Un punto insólito es que la Asociación es querellante en el caso, porque fue defraudada. Aun así, su titular es imputada.
A Hebe el juez le imputa la firma de algunos convenios y convenios con el ministerio de Trabajo por el cual éste otorgaba subsidios de 600 pesos para cada trabajador de los que participaban en las obras, que la asociación se terminaba quedando para sí. Una de las demostraciones de las desprolijidades que había y de que, evidentemente las Madres no tenían el manejo administrativo grande, fue el hallazgo de firmas falsificadas de Hebe en algunos documentos durante la instrucción de la causa. Martínez de Giorgi desempolvó el expediente y firmó las indagatorias cuando José López, el ex secretario de obras públicas, imputado por su papel en la distribución de fondos, quedó detenido en el convento.
Según decían ayer en el juzgado, las fuerzas de seguridad tienen orden de concretar la detención cuando les parezca mejor, siempre que no haya riesgos para la seguridad física de nadie. Podría suceder hoy o no.
Fuente: pagina12.com.ar
