Buenos Aires.- Uno de los grandes desastres privatistas de la década del 90 fue el Correo Argentino. Durante la presidencia de Carlos Menem, Franco Macri se hizo cargo del correo nacional, a través de la empresa Correo Argentino SA. Sin embargo, después de años de mala gestión, en 2001 se inició el concurso de acreedores que derivó en la quiebra, en 2003. Desde ese entonces, Correo Argentino SA mantiene una deuda multimillonaria con el Estado. En 2016, con Mauricio Macri en la presidencia, Correo Argentino SA hizo una oferta del pago de deuda al Estado que fue aceptada.
LA FISCAL
Según la fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, el acuerdo “equivale a una condonación” de la deuda y debe considerarse “abusivo”, ya que implica una quita de más de $ 4.000 millones en la actualidad y de más de $ 70.000 millones a 2033, cuando finalice el plan de pagos.
Luego de la quiebra el servicio volvió a manos del Estado. Hoy, lo maneja una empresa estatal que nada tiene que ver en esta historia.
En junio del año pasado, hubo dos propuestas de Correo Argentino SA al Estado; es decir, de Franco a Mauricio: para la fiscal, ambas son abusivas. La primera –rechazada- implicaba una quita del 99.16% de la deuda, mientras que la oferta “superadora” finalmente aceptada plantea una quita del 98.82%, según Boquín.
La primera oferta: el pago del 100% del capital verificado y/o declarado admisible, en 19 cuotas anuales y consecutivas, con el 6% anual de interés. La segunda oferta: el pago del 100 % del capital verificado y/o declarado admisible, en 15 cuotas anuales y consecutivas, con un interés del 7% anual.
Boquín entiende que “así, de convalidarse la conformidad prestada por el Estado Nacional, éste resignaría sustancialmente el crédito debido por la concursada, aceptando la cancelación del mismo con la percepción de un valor insignificante en términos de valor presente”. Para la representante del Ministerio Público Fiscal –que contó con la colaboración de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación-, el saldo de quita a marzo de 2033 es de $70.163.910.895,30, mientras que la quita a febrero de 2017 es de $4.277.659.362,13”.
Para Boquín, este acuerdo puede “resultar equiparable a una condonación de la deuda”. Por lo tanto, “es abusiva, implica perjuicio fiscal y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado Nacional”.
Además, por supuesto, la fiscal denuncia el evidente conflicto de intereses. “En el caso, la propuesta fue aceptada por un funcionario público que encuentra enmarcada su actuación por una cadena de dependencias jerárquicas que lo vinculan a la máxima autoridad de la administración pública nacional -el Director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Mocoroa- (…) pudiendo resultar que familiares del presidente de la Nación resultarían beneficiarios finales de la sociedad concursada y/o de sus controlantes del grupo económico, ningún funcionario público que tuviese relación de dependencia jerárquica con él, podría aceptar una propuesta que directa o indirectamente los beneficie”.
Boquín pidió “opinión consultiva de la Oficina Anticorrupción o bien, a la Comisión de Ética Pública”. Por ese motivo, solicitó que se libre oficio a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) “a los fines que su titular estime corresponder”.
Finalmente, la fiscal formuló reserva para acceder por vía extraordinaria a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en caso de que haya una sentencia contraria a lo dictaminado.
