CABA.- Alberto Fernandez negó el «plan para liberar presos» y le pegó al macrismo. El Presidente recordó su «oposición a la facultad del indulto». Tras mencionar que «el riesgo de contagio se potencia» en lugares como «las cárceles», la postura de organismos internacionales y las distintas respuestas dadas en el mundo, enfatizó que «en Argentina la solución está en manos de los tribunales» y destacó las «recomendaciones» de Casación.
Mientras una porción de la oposición de Juntos por el Cambio agita el fantasma de un «plan para la liberación masiva de presos», el Presidente Alberto Fernández recordó su «oposición a la facultad del indulto» en una publicación que utilizó para responderle al macrismo, desestimar su campaña y destacar que la problemática del hacinamiento y los riesgos ante el coronavirus en las cárceles existen, pero que «en Argentina la solución está en manos de los tribunales».
«Es conocida mi oposición a ejercer la facultad del indulto», comenzó su hilo de Twitter el jefe de Estado y aclaró que la referencia es la «campaña mediática» que «se desata acusando al Gobierno de querer favorecer la libertad de quienes han sido condenados».
El mandatario destacó que «el riesgo de contagio se potencia en los lugares de mucha concentración humana por lo que las cárceles se convierten en un ámbito propicio para la expansión de la enfermedad», como ocurre en la Argentina y otros países, por lo que «Organizaciones internacionales como la Organización de Naciones Unidas o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han formulado recomendaciones para evitar que el hacinamiento en las cárceles ponga en riesgo la vida de los reclusos».
«En el mundo, muchos gobiernos han dispuesto libertades tratando de minimizar ese riesgo. Algunos han conmutado penas, otros han indultado condenas y otros han dejado el tema en manos de la Justicia», dijo el Presidente, en un breve recorrido por diferentes modalidades de respuesta a la situación mencionada que se dio en distintos países.
En ese punto, diferenció la respuesta de su Gobierno y precisó que el Poder Ejecutivo no participa de la decisión de liberar detenidos o dictaminar prisiones domiciliarias: «En Argentina la solución del problema está en manos de los tribunales. Son los jueces naturales quienes, de considerarlo necesario, disponen libertades».
