CABA.- La Cámara Nacional en lo Criminal consideró que se pudo haber cometido un «fraude» y revocó la absolución decidida en favor del periodista y ex candidato de Macri, Fernando Niembro, en la causa penal por supuestos ilícitos con millonarios contratos de publicidad con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Según la denuncia penal, la empresa de Niembro se habría llevado un total de $24.718.595,48, más de cuatro veces lo que tuvo que afrontar para cumplir con la publicidad, la mayoría relacionada con encuestas sobre la administración PRO, es decir, del espacio político para el que milita y fue candidato.
De esta manera, la Cámara estimó que la firma del periodista deportivo –ex funcionario durante la presidencia de Carlos Menem- tuvo una «utilidad bruta» de $19.073.606,41.
Hace tres meses, el macrismo completo y el periodista Fernando Niembro festejaron la absolución de este último, hecho que coincidió con su retorno a la radio. Sin embargo, la felicidad les duró poco: la Cámara Nacional en lo Criminal consideró que se pudo haber cometido un «fraude» y revocó el sobreseimiento dictado en favor del ex candidato a diputado nacional por Cambiemos en la causa penal por supuestos ilícitos por casi $25 millones en contratos de publicidad con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Luego de la audiencia del informe oral, celebrada después de varias postergaciones, la Sala IV de la Cámara dejó sin efecto la medida dictada en primera instancia por el juez en lo criminal Roberto Ponce.
«Las pruebas producidas hasta el momento impiden descartar que haya existido un fraude en perjuicio del patrimonio de la administración pública o bien otros delitos», acotaron los camaristas Alberto Seijas, Carlos Alberto González y Ricardo Pinto.
En la causa se había denunciado la posible comisión de delitos en la asignación, desde 2012 hasta 2015, de publicidad oficial de la Ciudad a la empresa «La Usina Producciones SRL», propiedad del comentarista deportivo devenido en político.
El tribunal de segunda instancia destacó incongruencias entre lo facturado por la empresa y lo informado por el gobierno local, por un monto cercano a los $4.500.000, y discrepó, porque no fue justificada, la supuesta situación de «necesidad» y «urgencia» argumentada para asignar la publicidad a la firma.
«No resulta razonable sustentar que exista plena correspondencia entre las contrataciones que La Usina Producciones S.R.L. llevó a cabo con el ente gubernamental y los pagos que dicho organismo le realizó», sostuvieron los camaristas, que, por si todo esto fuera poco, tampoco descartaron «sobreprecios» en la publicidad.
La causa llegó a la Sala IV de la Cámara por apelación del fiscal Carlos Velarde, para quien la resolución de Ponce fue «prematura» y, de forma insólita, basada sólo en «informes del gobierno porteño sin profundizar en otros medios de prueba».
