La Plata.- La Gobernadora de la Pcia. de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, dejó sin efecto por medio de un decreto la ley 14.656 que garantizaba la celebración de paritarias y reflotó una vieja ley del duhaldismo, la 11.757, declarada inconstitucional en muchos de sus puntos, que permite a los intendentes otorgar aumentos de manera unilateral.
La mandataria suspendió por decreto y por el plazo de 180 días las discusiones paritarias, con una medida que alcanza a los 135 distritos de la Provincia, lo hizo a través del decreto 26/15 con fecha del 15 de diciembre de 2015 pero publicado recién el miércoles pasado en el Boletín Oficial.
En 2015 había comenzado a regir una nueva ley, la 14.656, que garantizaba la legislación necesaria para enmarcar el reclamo salarial dentro de paritarias y establecía un nuevo piso de derechos, entre ellos el camino legal para la incorporación de los trabajadores contratados como planta permanente. Sin embargo «la última etapa de implementación de la ley quedó en manos de Vidal, que a cinco días de asumir la borró de un plumazo».
En su artículo 104, la ley de Duhalde sancionada en 1996 establece que «el Departamento Ejecutivo determinará por vía reglamentaria el escalafón y las nóminas salariales para el personal de la administración municipal».
LAS CRÌTICAS
La Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (Fe.Si.Mu.Bo), por su parte, se encuentra en alerta desde que se conoció la intención del nuevo gobierno de anular las paritarias, algo que en un principio trascendió que el gobierno provincial intentaría impulsar por ley. «Buscaron la salida para lastimar a los trabajadores. Si logran suspender las paritarias costará mucho más recuperarlas. No lo permitamos», advirtieron en un comunicado.
«Se suspende, hasta la culminación del proceso de acompañamiento y reglamentación, la aplicación de la Ley Nº 14.656, quedando las relaciones de empleo municipal regidas por la Ley Nº 11.757 y modificatorias», reza el artículo clave del decreto, que lleva las firmas de Vidal y de los Ministros de Trabajo, Marcelo Villegas, de Gobierno, Federico Salvai y de Coordinación y Gestión Pública, Roberto Gigante, con fecha del 15 de diciembre.
«El decreto es absolutamente inconstitucional y significa un retroceso enorme de los derechos fundamentales de los trabajadores», denunció Lucas Arakaki, abogado de ATE.
En la misma línea Marcelo Ponce Núñez, representante legal de la CTA autónoma de la provincia, aseguró que la medida apunta a «disciplinar a los trabajadores en el contexto de ajuste salarial y represión», y adelantó que desde la central buscarán judicializar el decreto.
